
El Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) mantiene una deuda superior a 2 mil 300 millones de pesos, la cual es cubierta mediante aportaciones de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración (SPFA) y de la empresa Agua de Puebla, informó la directora del organismo, Josefina Morales Guerrero.
En entrevista, previo al primer informe de labores de la presidenta del DIF Estatal, Cecilia Arellano Pérez, la funcionaria precisó que el pasivo fue adquirido con el gobierno federal, a través del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), así como con la administración estatal.
Detalló que una parte de la deuda corresponde al financiamiento otorgado por la SPFA, mientras que otra proviene de las aportaciones de la concesionaria Agua de Puebla. En ese sentido, subrayó que el gobierno del estado funge como deudor solidario y ha asumido el pago para hacer frente a los compromisos con Banobras.
Morales Guerrero indicó que dicho compromiso financiero se mantendrá vigente hasta 2028. Mientras tanto, el SOAPAP depende del flujo de recursos estatales para continuar operando y evitar un posible colapso en el sistema de agua.
“La deuda que tiene actualmente el organismo es de más de 2 mil 300 millones de pesos; una parte corresponde al financiamiento de Finanzas y otra a la aportación de Agua de Puebla. El gobierno del estado es deudor solidario y ha estado cubriendo los pagos ante Banobras”, explicó.
La titular del organismo añadió que actualmente se realiza un diagnóstico integral de la situación financiera del SOAPAP, tras la salida del exdirector Gustavo Gaytán Alcaraz en febrero pasado. Este análisis será presentado al gobernador Alejandro Armenta Mier una vez concluido.
Respecto a posibles acciones legales contra el exfuncionario, Morales Guerrero señaló que aún no se han presentado denuncias, debido a que el proceso de revisión sigue en curso desde que asumió el cargo el pasado 15 de febrero.
“No he presentado ninguna denuncia; es muy poco tiempo. Estamos en la revisión de expedientes para sustentar cualquier acción y, posteriormente, informar al gobernador”, puntualizó.
En otro tema, la directora reveló que se detectó una irregularidad técnica por 300 millones de pesos atribuida a la empresa Agua de Puebla, correspondiente al periodo 2022-2024, monto que hasta el momento no ha sido comprobado documentalmente y continúa en proceso de revisión.
