El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, aseguró que la suspensión provisional de la construcción del Cablebús forma parte de los procedimientos legales habituales y afirmó que su administración atenderá los amparos conforme a la ley.
En entrevista, el mandatario estatal señaló que los recursos promovidos por organizaciones sociales no frenarán el proyecto de manera definitiva, pues forman parte de un proceso similar al registrado en otras entidades como la Ciudad de México, donde, dijo, se interpusieron hasta 19 amparos durante el desarrollo de este sistema de transporte.
“Vamos a cumplir con la ley, no vamos a hacer nada fuera… tienen derecho”, expresó al referirse a los grupos que buscan detener la obra.
Armenta Mier sostuvo que su gobierno es respetuoso de las posturas en contra, pero enfatizó que se gobierna para toda la población.
En ese sentido, destacó que el Cablebús está diseñado para beneficiar principalmente a sectores que carecen de acceso a transporte eficiente, como mujeres, jóvenes y deportistas, además de mejorar las condiciones de seguridad en la movilidad.
El titular del Ejecutivo estatal afirmó que el proyecto ha sido ajustado tras escuchar a distintos sectores sociales, lo que permitió reducir en cerca del 90 por ciento la afectación ambiental. Rechazó que exista tala de árboles, al calificar estas versiones como falsas.
Explicó que, en lugar de derribar ejemplares, se implementará un sistema de trasplante similar al utilizado en Japón, mediante el cual se extrae el árbol con su raíz y se reubica con el bloque de tierra intacto.
“Nosotros no vamos a talar un solo árbol, nosotros amamos la naturaleza”, aseguró.
Asimismo, adelantó que será el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, quien presente a finales de este mes el estudio final de impacto ambiental del proyecto.
Ordenan suspensión provisional
Cabe recordar que recientemente el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito ordenó la suspensión provisional de la obra hasta que se entregue un estudio completo de impacto ambiental.
La resolución derivó de un recurso promovido por el Colectivo Hermanos Serdán, vecinos de Prados Agua Azul y la Asamblea Social del Agua (ASA), bajo el folio 363/2026, quienes señalaron posibles afectaciones al entorno, principalmente por la eventual tala de árboles.
Entre los argumentos presentados, se expuso la falta de información pública suficiente y la ausencia de mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el proyecto.
No obstante, el tribunal determinó que las organizaciones no aportaron pruebas suficientes para acreditar daños ambientales concretos.