La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien vincula con una presunta red de narcotráfico ligada al Cártel de Sinaloa, en un caso que coloca a un mandatario en funciones en el centro de una investigación internacional.
Según el expediente, sustentado en indagatorias de la DEA, el gobernador y colaboradores cercanos habrían facilitado el traslado de drogas como fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia Estados Unidos, con el respaldo de la facción conocida como “Los Chapitos”, la cual presuntamente habría aportado recursos económicos y apoyo operativo a cambio de protección.
En la misma causa se menciona a exfuncionarios y mandos de seguridad, entre ellos Enrique Inzunza Cázarez, Dámaso Castro Zaavedra y el comandante Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, quienes también enfrentarían cargos por conspiración y delitos relacionados con armas. De acuerdo con la legislación estadounidense, las penas podrían alcanzar la cadena perpetua en caso de comprobarse los señalamientos.
Como antecedente, se ha señalado que el gobierno de Estados Unidos retiró la visa al mandatario desde el año pasado en el marco de esta investigación.
Tras darse a conocer la acusación, Rocha Moya negó los hechos y calificó el proceso como un ataque político, asegurando que demostrará su inocencia.
En paralelo, en México ya existían denuncias previas ante la Fiscalía General de la República por posibles vínculos con la delincuencia organizada, mientras que la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que hay una solicitud de extradición en revisión, a la espera de que se integren pruebas suficientes.
El caso perfila un escenario de alta tensión política y jurídica, con posibles implicaciones en la relación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad.