Por: DIANA RUIZ
La Secretaría de Educación Pública (SEP) federal presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la Academia Militarizada Ignacio Zaragoza, en Puebla, luego de recibir señalamientos ciudadanos por posibles irregularidades relacionadas con el uso de armas, uniformes e insignias reservados para las Fuerzas Armadas.
Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Regulación de la SEP federal, informó que la dependencia decidió hacer del conocimiento de la autoridad ministerial federal los señalamientos recibidos para que se investigue el funcionamiento de la institución y se determine si existe alguna conducta constitutiva de delito.
A través de un mensaje difundido en redes sociales, el funcionario explicó que entre los hechos denunciados se encuentra la posible violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como el presunto uso indebido de uniformes e insignias de carácter militar, cuya utilización está reservada para integrantes de las Fuerzas Armadas.
“Derivado de una queja ciudadana, presentamos una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de una escuela ‘militarizada’ por la posible violación a la Ley de Armas y Explosivos y uso indebido de uniformes e insignias reservadas a las Fuerzas Armadas”, expresó.
Flores Pacheco puntualizó que la denuncia no implica por sí misma que se haya acreditado la comisión de un delito, ya que corresponderá a la FGR realizar las diligencias necesarias, determinar si existen elementos suficientes y, en su caso, deslindar responsabilidades.
El abogado de la SEP señaló que la actuación de la dependencia deriva de su obligación como autoridad educativa de atender cualquier señalamiento que pudiera representar un riesgo para la integridad de niñas, niños y adolescentes.
En este sentido, sostuvo que la dependencia federal mantendrá acciones para garantizar que los espacios educativos sean seguros y que se respeten los derechos humanos de los estudiantes.
“Es nuestra responsabilidad y convicción garantizar espacios seguros y los derechos de niñas, niños y adolescentes en el Sistema Educativo Nacional”, afirmó.
La denuncia fue presentada con fundamento en el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece la obligación de las personas servidoras públicas de denunciar ante el Ministerio Público los hechos que puedan constituir un delito cuando tengan conocimiento de ellos.
De esta manera, será la autoridad ministerial federal la que determine si existen elementos para acreditar las posibles irregularidades denunciadas, así como las responsabilidades que correspondan.