
El gobernador Alejandro Armenta aseguró que en Puebla no existe impunidad y que las investigaciones y detenciones de funcionarios relacionados con posibles delitos se realizan en estricto apego a la ley, luego de la captura del secretario de Seguridad Pública de Atlixco.
Durante su rueda de prensa, el mandatario sostuvo que su administración mantiene una política de cero impunidad, por lo que cualquier funcionario que incurra en alguna irregularidad deberá responder ante las autoridades correspondientes, sin importar el cargo que ocupe.
“Se respeta la ley, sea quien sea. Espero que quede claro, porque hemos dado muestras absolutas, plenas”, afirmó.
Armenta adelantó que este martes se dará a conocer información sobre otros casos en los que existen investigaciones contra servidores públicos.
El gobernador insistió en que las investigaciones deben continuar hasta determinar las responsabilidades correspondientes y sostuvo que las autoridades estatales tienen la obligación de ejecutar las órdenes emitidas por los órganos jurisdiccionales.
En este sentido, explicó que actualmente existen cinco concejos municipales instalados por mandato del Poder Legislativo, derivados de investigaciones iniciadas desde años anteriores.
“Eso se llevó a cabo por investigaciones de muchos años y la autoridad lo que hace es ejecutar las órdenes del Tribunal, vía las carpetas de la Fiscalía”, puntualizó.
Detienen a secretario de Seguridad de Atlixco
El pasado 14 de agosto, Antonio Hernández Pacheco, secretario de Seguridad Pública de Atlixco, fue detenido sobre la Vía Atlixcáyotl, a la altura de la colonia Ex Hacienda San Agustín.
La captura se realizó durante un operativo encabezado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, con apoyo de elementos de la Policía Estatal.
Tras su detención, Antonio N. fue puesto a disposición de la autoridad judicial. Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público formuló imputación en su contra por su probable responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y cohecho.
El caso continúa bajo proceso judicial y corresponderá a las autoridades determinar su situación jurídica y las responsabilidadesque resulten de las investigaciones.
