El exalcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, anunció que impugnará la resolución del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado que le impone 15 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos municipales y una multa de 15 millones de pesos, al considerar que se trata de una determinación injusta y con posibles implicaciones políticas.
A través de un posicionamiento público, el panista sostuvo que la resolución no es definitiva y rechazó haber incurrido en abuso de funciones durante su gestión al frente del Ayuntamiento de Puebla. Aseguró que dicha conducta no fue acreditada y que no existe una acción que pueda atribuirse directamente a su persona.
Rivera Pérez también señaló que el procedimiento no está relacionado con un supuesto mal manejo de recursos públicos, por lo que consideró que la intención de la sanción es imponerle una multa económica e impedirle ejercer cargos públicos.
En su pronunciamiento, cuestionó el momento en que se dio a conocer la resolución, al coincidir con el inicio del proceso electoral de 2027, y calificó el procedimiento como parte de un ataque sistemático en su contra.
“LA VERDAD ES LA MEJOR DEFENSA
He recibido una resolución NO definitiva del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla.
Quiero ser muy puntual: la administración que encabecé siempre se condujo con estricto apego a la legalidad.
En esta resolución, se me señala por un supuesto abuso de funciones que NO fue acreditado y no hay ninguna acción que se le pueda atribuir a mi persona.
Aunque NO se me acusa de un mal manejo de recursos públicos, el objetivo es claro: quieren multarme e inhabilitarme INJUSTAMENTE.
Es fundamental precisar que esta resolución no es definitiva. SERÁ IMPUGNADA ante las instancias correspondientes.
Resulta preocupante la COINCIDENCIA de que esta determinación llegue precisamente al inicio del proceso electoral de 2027, por lo que considero legítimo cuestionar sus implicaciones políticas.
Esta acusación se suma a la actuación de la Contraloría Municipal del mes de mayo y constituye un ATAQUE sistemático en mi contra.
Atenderé estos señalamientos con pruebas y de frente; exigiendo un proceso justo, imparcial y apegado a derecho.
DEFENDERÉ MI NOMBRE, MI HONOR Y MIS DERECHOS HASTA LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS.”
La resolución también contempla sanciones contra Bernardo Arrubarrena García, quien se desempeñó como secretario de Administración y Tecnologías de la Información durante el gobierno de Rivera Pérez. Al exfuncionario le impusieron 10 años de inhabilitación y una multa de 10 millones 500 mil pesos.
Los señalamientos se relacionan con las revisiones de las cuentas públicas municipales de 2022 y 2023. De acuerdo con la información difundida por el periodista Alejandro Mondragón, en el primer ejercicio se detectaron nueve pliegos de observaciones por 45 millones 609 mil 595 pesos, además de 16 solicitudes de aclaración.
Entre los contratos cuestionados se encuentra uno por 20 millones de pesos, otorgado a Remedios Producciones y Asociados para el arrendamiento de arcos de bienvenida, equipos de audio y sanitarios portátiles. La documentación presentada no precisaba las fechas ni los lugares donde se habrían utilizado los servicios.
Para la Cuenta Pública 2023, las observaciones ascendieron a 261 millones 290 mil 675 pesos, distribuidos en 15 pliegos. De ese monto, 101 millones 739 mil 240 pesos correspondieron a 67 contratos por servicios profesionales, difusión en radio y televisión y producción de contenidos para internet.
En conjunto, ambos ejercicios fiscales acumularon observaciones por más de 306 millones 900 mil pesos. Estos montos corresponden a recursos cuya comprobación fue cuestionada y son independientes de las multas económicas impuestas a los exfuncionarios.
Rivera Pérez adelantó que presentará los recursos legales correspondientes para controvertir la resolución y defenderse de los señalamientos.