En promedio, cada dos días un servidor público ha tenido que dejar su empleo, cargo o comisión en el gobierno de Alejandro Armenta Mier. Desde el inicio de su administración, más de 315 personas han sido separadas del servicio público por distintas irregularidades, incumplimientos laborales y faltas administrativas, informó el mandatario estatal.
Durante su declaración, Armenta reconoció la frecuencia con la que se han presentado estas separaciones y sostuvo que ningún gobierno está exento de que se reproduzcan conductas indebidas entre sus trabajadores.
“Cada dos días hemos tenido que separar a un servidor público, cada dos días, en lo que va de nuestra administración, por diversas causas”, expresó.
El gobernador aseguró que su administración busca que los funcionarios trabajen bajo dos principios: desempeñar sus responsabilidades al máximo de sus capacidades y recuperar el ritmo de desarrollo que, consideró, perdió Puebla durante los últimos seis años.
“Sin duda es un mal que se reproduce, ningún gobierno está exento de que una conducta inadecuada se pueda desarrollar en un área pública o privada, pero a nosotros nos compete combatirla en el ámbito público y también a las autoridades ministeriales en el ámbito privado”, señaló.
Armenta también recordó que Puebla tuvo siete gobernadores durante los últimos seis años, situación que atribuyó a circunstancias de salud, accidentes y modificaciones a los periodos gubernamentales derivadas de los procesos electorales.
Más de 315 bajas
Las cifras fueron presentadas por el secretario de Anticorrupción y Buen Gobierno, Alejandro Espidio Reyes, durante el informe de Rendición de Cuentas 2025-2026.
El funcionario explicó que más de 315 personas fueron separadas de su empleo, cargo o comisión por incumplimientos u omisiones evidentes. Sin embargo, aclaró que no todas estas bajas representan sanciones por corrupción, pues existen diferencias entre una separación laboral y una destitución derivada de un procedimiento formal de responsabilidades administrativas.
En este último rubro, la dependencia emitió 48 resoluciones sancionatorias entre 2025 y 2026: 26 durante el primer año y 22 en el segundo.
De ese total, 27 correspondieron a amonestaciones privadas, tres a suspensiones y 18 a destituciones. De estas últimas, 14 incluyeron inhabilitación y dos contemplaron el reintegro de recursos.
Además, la Secretaría turnó 59 procedimientos al Tribunal de Justicia Administrativa, de los cuales 41 fueron enviados durante 2025 y 18 en 2026.
Las principales conductas señaladas en estos expedientes fueron desvío de recursos, con 25 casos, y abuso de funciones, con 22.
Espidio Reyes precisó que enviar un expediente al Tribunal no significa que el servidor público ya haya sido sancionado, pues corresponde a esa instancia resolver los procedimientos por faltas administrativas graves.
De hecho, durante 2026 el Tribunal ya impuso 13 sanciones relacionadas con peculado, desacato y utilización de información falsa.
Entre las áreas gubernamentales que concentran más separaciones de trabajadores se encuentran seguridad pública y el sector educativo.
En las corporaciones de seguridad, las causas incluyen inasistencias, detenciones ilegales, desacato, consumo de alcohol durante el servicio, solicitud de dádivas, presentación de documentación apócrifa y agresiones contra personas privadas de la libertad.
En el ámbito educativo se identificaron casos de abandono de empleo, hostigamiento y acoso sexual, maltrato escolar, acoso laboral y falta de probidad.
La Secretaría de Anticorrupción sostuvo que la diferencia entre una baja laboral y una sanción administrativa radica en el procedimiento: mientras la separación puede realizarse ante incumplimientos evidentes conforme a las disposiciones laborales, una sanción requiere acreditar responsabilidades mediante un procedimiento y las pruebas correspondientes.