En Puebla se busca castigar a servidores públicos que permitan y faciliten el uso de celulares en cárceles para extorsionar, como a directores de penales con hasta 12 años de prisión e inhabilitación por 10 años, así lo propuso el diputado, José Miguel Trujillo de Ita, en una iniciativa.
En rueda de prensa, el legislador morenista explicó que este tipo penal tiene contemplado por ejemplo, sanciones de entre 6 y 12 años de prisión contra directores de centros de reinserción que bajo su mando quiten los inhibidores de señal dentro de los lugares.
A esto se le agrega que se le pueda inhabilitar hasta por 10 años a aquellos directores y funcionarios públicos que directa o indirectamente se facilite el ingreso y uso de estos dispositivos, así como el ingreso aparatos tecnológicos con el fin de extorsionar desde ahí. De igual forma, también se contemplan penas contra los custodios de entre 4 y 8 años de prisión.
De igual forma, la iniciativa del morenista contiene agravantes como la referente a los dispositivos para cuando sean utilizados para cometer extorsión o fraude, con penas de hasta diez años de prisión, y sanciones más severas cuando exista colusión de directivos penitenciarios.
Señaló que esta medida busca frenar delitos como la extorsión y el fraude que, pues en varias ocasiones, se originan desde los propios centros de reinserción social de la entidad poblana, donde los delincuentes tienen sus call centers para cometer actos delictivos.
Por otro lado, también presentó una iniciativa que busca adicionar el artículo 407 Ter al Código Penal del Estado, con el fin de tipificar el fraude de instituciones educativas, la cual plantea sanciones a aquellas instituciones que operen sin el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE).
Esto con el propósito de evitar engaños a estudiantes y garantizar que la educación impartida cumpla con los estándares legales y académicos. Además, indicó que se contabilizan 28 centros educativos.