Familiares de personas privadas de la libertad en el penal de San Miguel realizaron una jornada de protestas y bloqueos en al menos 10 puntos de Puebla capital y la zona metropolitana para exigir la destitución del director del centro penitenciario, Jorge Ortiz Delgadillo, a quien señalan por presuntos actos de corrupción, extorsiones y abusos contra los internos.
Las movilizaciones de este martes 10 de noviembre provocaron afectaciones en vialidades estratégicas como la autopista México-Puebla, el Periférico Ecológico, la Vía Atlixcáyotl, el bulevar 5 de Mayo y la avenida 11 Sur, además de calles del Centro Histórico.
Entre los puntos donde se concentraron los inconformes también se encuentran las inmediaciones de Casa Aguayo, el C5, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y el Camino al Batán, en las cercanías del penal de San Miguel.
Los manifestantes recurrieron al cierre de vialidades e incluso a la quema de llantas para impedir el paso de vehículos y presionar a las autoridades estatales para que atiendan sus demandas.
Entre las principales acusaciones se encuentran presuntos cobros ilegales al interior del reclusorio, amenazas y agresiones contra las personas privadas de la libertad, así como exigencias económicas para evitar represalias o acceder a determinadas actividades y servicios dentro del penal.
De acuerdo con testimonios difundidos por medios locales, los montos exigidos a familiares e internos variarían según el tipo de cobro o situación denunciada, con cantidades que van desde los 20 mil hasta los 300 mil pesos. Sin embargo, estas acusaciones no han sido acreditadas oficialmente.
La protesta también tuvo repercusiones en el transporte público, particularmente en el sistema RUTA, que reportó modificaciones y recorridos provisionales en sus cuatro líneas debido a los cierres en distintos puntos de la ciudad.
Ante las movilizaciones, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que, a través de la Subsecretaría de Centros Penitenciarios, buscó establecer mesas de diálogo con los inconformes; sin embargo, inicialmente no aceptaron el acercamiento.
La dependencia llamó a privilegiar las vías institucionales para atender las denuncias y pidió liberar las vialidades, debido a las afectaciones ocasionadas a miles de ciudadanos.
Las inconformidades tienen como antecedente denuncias públicas de familiares de internos, quienes desde octubre señalaron presuntas exigencias económicas y amenazas dentro del penal de San Miguel.