El gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que la Fiscalía General del Estado (FGE) investiga el conflicto político en el municipio de Acatlán de Osorio, pues existen investigaciones sobre posibles vínculos de autoridades con grupos delictivos que operan en la región limítrofe entre Puebla y Oaxaca.
Las declaraciones surgen luego de que la alcaldesa de Acatlán, Guadalupe Lucero Bárcenas, acusó que detrás del movimiento de regidores que promovieron su revocación de mandato estaría Pedro Flores Romero, “El Peye”, a quien señaló como líder del grupo criminal “Los Rojos”.
El mandatario poblano rechazó que su administración esté evitando la revocación de mandato de la alcaldesa y proteja a algún grupo delictivo, como señaló la diputada del PRI, Delfina Pozos, y consideró que la legisladora carece de información sobre el panorama delictivo en la región.
“Es delicado hablar a la ligera, yo no sé si la diputada tenga información de quienes son los delincuentes que están detrás de los problemas de Acatlán (…) la invitaría a que se informe porque es delicado el tema”, dijo.
Incluso recordó el reciente asesinato de Joel Ángel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, quien fue atacado a balazos por hombres armados, hecho que motivó reuniones con el gobernador de Oaxaca para reforzar la coordinación interestatal.
Armenta pidió manejar el tema con responsabilidad y señaló que existen investigaciones en curso por parte de la Fiscalía de Puebla para determinar la intromisión de dicho grupo delictivo en el conflicto municipal.
Brindan protección a alcaldesa tras amenazas
Por su parte, el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, informó asignaron protección personal a la alcaldes de Acatlán de Osorio, luego de los señalamientos de amenazas en su contra que hizo públicamente.
El funcionario reconoció que sus declaraciones la ponen en riesgo; sin embargo destacó la relevancia de que se hagan las denuncias públicas y “no se queden callados”.
Explicó que corresponde a la FGE determinar si existen responsabilidades o vínculos con organizaciones delictivas; no obstante, reconoció posibles vínculos de grupos delictivos.
“Como ustedes saben, presuntamente atrás de todo el tema hay algunas bandas que ella señaló, es delicado, compete a la Fiscalía investigar la situación”, expresó.
Indicó que su dependencia buscará privilegiar el diálogo y evitar vacios legales, pues incluso recientemente una comisión integrada por representantes de Gobernación, Fiscalía, Seguridad Pública y Derechos Humanos acudió al municipio para dialogar con los regidores inconformes, pero no se presentaron.
Este 15 de junio integrantes del Cabildo aprobaron la destitución del secretario de Seguridad Pública, Juan Alberto Domínguez López, y del secretario general del Ayuntamiento, Álvaro Cruz Martínez, argumentando presuntas irregularidades administrativas, falta de transparencia y abuso de autoridad.
La presidenta municipal sostuvo que las acciones emprendidas por algunos regidores obedecen a intereses particulares y económicos, además de haberse realizado fuera de los procedimientos legales establecidos.