El Gobierno del Estado puso en marcha un programa emergente de distribución de agua potable mediante 100 pipas que beneficiará de manera directa a 36 mil familias poblanas, mientras continúan las revisiones jurídicas y técnicas sobre el desempeño de la empresa concesionaria Agua de Puebla.
La secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, informó que este martes comenzó la entrega del líquido en distintas colonias de la capital. La primera beneficiaria fue Sofi, habitante de la colonia Ampliación Santa Lucía, al sur de la ciudad, una zona que enfrenta problemas históricos de infraestructura y acceso al agua.
La funcionaria explicó que en el hogar de la beneficiaria viven 10 personas y que anteriormente la familia debía adquirir al menos dos pipas de agua por semana, con un costo aproximado de 350 pesos cada una, gasto que impactaba significativamente su economía.
Detalló que la primera etapa del programa tendrá una duración de seis meses y medio, periodo durante el cual se distribuirán más de 412.8 millones de litros de agua. Para alcanzar esta meta, las 100 pipas realizarán un total de 51 mil 600 recorridos, con un promedio de tres viajes diarios por unidad.
De acuerdo con las estimaciones oficiales, el programa beneficiará de manera directa a 36 mil familias y alcanzará a más de 136 mil 800 personas de forma indirecta.
García Chávez señaló que la estrategia busca garantizar el derecho humano al agua para las familias que enfrentan problemas de abastecimiento, además de representar un apoyo económico para los hogares que regularmente deben pagar por el suministro mediante pipas particulares.
Armenta critica a Agua de Puebla
Durante el anuncio, el gobernador Alejandro Armenta sostuvo que la empresa Agua de Puebla continúa incumpliendo con la prestación adecuada del servicio en la capital del estado.
El mandatario acusó que la concesionaria ha privilegiado intereses económicos sobre el derecho de la población al acceso al agua potable.
“Ellos ven el negocio del saqueo del agua, para ellos no es importante el derecho, para ellos es cuánto les deja”, expresó.
Armenta afirmó que durante años se consolidó un esquema que permitió la apropiación del recurso hídrico con la participación de distintas autoridades, situación que derivó en los problemas de abastecimiento que actualmente enfrentan miles de familias.
No obstante, aclaró que una cancelación inmediata de la concesión no está contemplada debido a las implicaciones económicas y legales que tendría para el estado.
“Hay voces que quisieran que se cancelara la concesión, eso nos lleva a una sanción y tenemos que actuar responsablemente”, señaló.
Por su parte, el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, informó que continúa la revisión de las inversiones que Agua de Puebla estaba obligada a realizar conforme a su título de concesión.
Indicó que una vez concluido el análisis se determinará el futuro del contrato que mantiene la empresa para la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado en la zona metropolitana.
Este proceso se desarrolla luego de que el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) solicitó una auditoría externa a la concesionaria para verificar el cumplimiento de sus obligaciones.