La dependencia federal precisó que sus facultades se limitan a verificar precios, exhibición de tarifas y calibración de básculas.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) aclaró que no tiene facultades para imponer multas a proveedores por motivos de sanidad, condiciones de higiene o manejo de alimentos, luego de que surgieran versiones sobre posibles sanciones a negocios que venden tortillas en hieleras o las transportan en motocicletas.
La dependencia federal explicó que esta precisión surge tras declaraciones realizadas por el director de la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) Zona Golfo-Norte, con sede en Tampico, Tamaulipas, quien mencionó erróneamente la posibilidad de multas de hasta 4 millones de pesos a establecimientos que incurrieran en estas prácticas.
Profeco subrayó que en ningún estado de la República cuenta con atribuciones para sancionar a negocios por cuestiones sanitarias, ya que esas responsabilidades corresponden a otras autoridades en materia de salud.
No obstante, la institución detalló que, a través del Acuerdo Maíz–Tortilla, sí mantiene vigilancia en otros aspectos relacionados con la venta de este producto básico.
Entre sus acciones se encuentra el monitoreo de precios en más de 600 tortillerías a través del programa “Quién es Quién en los Precios”, además de verificar que los establecimientos tengan los precios visibles al público y que estos se respeten.
Asimismo, la procuraduría realiza la calibración de básculas para asegurar que los consumidores reciban kilos completos al momento de comprar.
Profeco también señaló que mediante la Norma Oficial Mexicana NOM-187-SSA1-SCFI-2002 se revisa el cumplimiento de disposiciones relacionadas con productos y servicios derivados de la masa y la tortilla.
Finalmente, la institución reiteró que su función principal es garantizar relaciones de consumo justas y transparentes, además de brindar orientación tanto a proveedores como a las personas consumidoras.