En el Ayuntamiento de San Martín Texmelucan se han intensificado los cuestionamientos hacia el regidor Ramón Pérez Cruz, conocido en el ámbito político local como “Ratón Pérez”, luego de que diversas voces señalaran una supuesta concentración de influencia en distintas áreas del gobierno municipal.


Uno de los señalamientos más recurrentes apunta a la Dirección de Desarrollo Urbano, actualmente encabezada por Alfredo Pérez Cruz, hermano del regidor. La relación familiar ha generado críticas por un posible caso de nepotismo y conflicto de interés, pues ciudadanos y trabajadores municipales cuestionan si el nombramiento cumple con los principios de imparcialidad y transparencia que deben regir en la administración pública.


Además, dentro de esta dependencia se menciona la presencia de un grupo de inspectores presuntamente vinculados al Partido del Trabajo, lo que ha reforzado la percepción entre algunos sectores de que las decisiones dentro del área podrían responder más a intereses políticos que a criterios técnicos o administrativos.


A la par, versiones al interior del Ayuntamiento señalan que el regidor también estaría intentando ampliar su influencia hacia la Dirección de Protección Civil, situación que ha alimentado la percepción de que se busca concentrar poder en distintas áreas estratégicas del gobierno municipal.
Otro punto que ha generado polémica es la constante confrontación pública del regidor contra distintos secretarios municipales a través de medios locales.

Mientras algunos consideran que estas posturas forman parte de su labor de fiscalización, otros interpretan estas acciones como una estrategia para debilitar dependencias y ampliar su margen de control dentro de la administración.


Las críticas también se han extendido al terreno personal y político. Aunque el regidor percibe un salario cercano a los 60 mil pesos mensuales, en círculos políticos locales circulan comentarios sobre su estilo de vida y presuntas relaciones con actores señalados por prácticas irregulares, lo que ha incrementado el debate público sobre su desempeño y conducta.


Ante este panorama, distintos sectores de la sociedad han pedido mayor transparencia en las decisiones del Ayuntamiento y que, en caso de existir posibles irregularidades o conflictos de interés, las autoridades correspondientes revisen la situación para garantizar que el servicio público se conduzca bajo principios de legalidad, ética y rendición de cuentas.