El gobernador Alejandro Armenta Mier ordenó una investigación a fondo en el penal de San Miguel y el posible traslado de dos reos considerados de alta peligrosidad, tras la protesta del lunes que bloqueó ocho puntos de la zona metropolitana de Puebla.
Sin embargo, el mandatario puso en duda la forma en que se dio la movilización y aseguró que su gobierno ya tiene identificados a quienes estarían detrás de ella.
En entrevista, luego de inaugurar el Foro de Innovación Energética 2026 en el Centro Expositor, sostuvo que su administración siempre estará abierta al diálogo, pero en este caso los manifestantes no quisieron reunirse con las autoridades.
“Tenemos muy claro quiénes están detrás de ello, pero eso no es limitante para revisar. Vamos a revisar. Tuvimos una reunión con el secretario de Seguridad y decirles con toda claridad que siempre vamos a estar dispuestos investigar y dialogar con todos”.
Armenta aseveró que durante los bloqueos participaron personas armadas y encapuchadas, que habrían sido contratadas por dos horas para intervenir en las protestas.
Dijo que ya se tienen identificados a esos participantes y que también se indagará el presunto pago para quienes estuvieron en los cierres viales.
Revisión con fuerzas federales
El gobernador informó que en la Mesa de Paz se acordó realizar una revisión a fondo del funcionamiento del penal de San Miguel y otros centros penitenciarios, con la participación de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y autoridades federales.
Con estas medidas, explicó, se busca una intervención de mayor alcance en el sistema penitenciario poblano, mientras se mantiene la atención sobre los hechos que derivaron en los bloqueos.
Los cierres viales fueron encabezados por personas que se identificaron como familiares de internos del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel.
Entre sus principales exigencias estuvieron la destitución del director, Jorge Ortiz, por presuntos actos de corrupción, extorsiones y cobros irregulares que, según sus denuncias, alcanzarían hasta los 300 mil pesos. También acusaron amenazas, falta de medicamentos y otras irregularidades.
Armenta reiteró que su administración está dispuesta a investigar esas denuncias, pero también a esclarecer quién organizó las movilizaciones.
Sobre los dos reos señalados durante las protestas, adelantó
“Esas personas se van a trasladar, quiero decirles, ya le pedí a las áreas correspondientes que lo analicen”.